Jubilados: cómo es el caso Blanco, la sentencia en manos de la Corte que tiene en vilo al Gobierno

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El máximo tribunal debe definir qué indice se utilizará para actualizar haberes y pagos retroactivos por los juicios. Especialistas dicen que la diferencia puede llegar al 50 por ciento. Mauricio Macri recibe a Rosenkrantz y Highton.

La Corte recibió meses atrás a Peña y a Garavano. Ahora debe definir cómo se actualizarán los haberes de los jubilados que hicieron juicio al Estado.

La Corte Suprema definirá en poco tiempo qué índice de actualización de haberes debe usar la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para pagarle a los jubilados que ganaron juicios al Estado. El fallo del máximo tribunal replicará en decenas de miles de casos similares (entre 95.000 y 150.000, según qué fuente se tome) y tiene en vilo al Gobierno, ya que una resolución contraria al Ejecutivo dispararía pagos multimillonarios en tiempos del anhelado déficit cero.

El caso testigo corresponde a un jubilado llamado Luis Orlando Blanco. Blanco se jubiló en 2003, hizo un juicio por actualización de haberes, lo ganó y, al momento del cobro -ya después de 2016- se encontró con que ANSES cambió los índices de actualización.

¿Qué pasó en el medio? Muchas cosas. Pero una en particular: la ley de Reparación Histórica. Hasta 2016, los fallos judiciales a favor de los jubilados se actualizaban con el Isbic, o Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción. La ley de Reparación dispuso que, para calcular los haberes de los jubilados, la ANSES recurriría al índice Ritpe, sigla de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables. El Ripte es un índice de salarios conformados por todas las remuneraciones en blanco de la economía que comprende también a los empleados públicos y del comercio. Se usa, entre otras cosas, para calcular el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias.

Pero ANSES aplicó el Ripte para pagar las actualizaciones de los juicios que recorrían Tribunales desde antes de la sanción de la ley. Eso provocó que los jubilados hicieran un nuevo reclamo para cobrar sus sentencias (es decir, el pago retroactivo y el nuevo haber) en base a Isbic. Es lo que pidió Blanco en el expediente que llegó a la Corte y que, coinciden fuentes judiciales, se definirá en poco tiempo.

La diferencia entre un cálculo y otro depende de cada caso. En Blanco, el haber actualizado por Isbic sería 31% superior al cálculo que hace ANSES con Ripte y la diferencia sería mayor al considerar la retroactividad.

“Hay casos en los que la diferencia al calcular con Isbic da entre 30 y 50 por ciento más que con Ripte”, dijo a TN.com.ar Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad.

El organismo se presentó ante la Corte como amicus curiae para pedir replicar le principio del derecho laboral “in dubio pro operario”, que reza que debe primar la solución que sea mejor para el trabajador. En este caso, según la interpretación de Semino, debería regir en cada caso el mejor cálculo para el jubilado, sea Isbic o Ripte.

Blanco consiguió un fallo favorable de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social que dispuso que los salarios que se toman para calcular la jubilación debían actualizarse por el índice Isbic y no por Ripte. El Isbic fue el que se utilizó en el fallo Elliff, para actualizar haberes. Este criterio prima en las tres salas de la Cámara.

Según estimaciones que realizan en despachos oficiales, existen unos 95.000 juicios de actualización de haberes que dependen de esta sentencia. La Reparación Histórica redujo la litigiosidad, ya que los jubilados que aceptaron la oferta de actualización de la ANSES resignaron la posibilidad de hacer juicio. La aceptación de la Reparación Histórica es del 95%, sostienen en esa dependencia.

En el ámbito judicial, sin embargo, estiman que existen 150.000 expedientes pendientes del caso Blanco. Se trata de juicios iniciados después de 2002 para actualizar haberes. Un fallo de la Corte en contra del Estado implicaría un gasto adicional para pagar sentencias de entre 15.000 y 18.000 millones de pesos por año, más unos $1400 millones mensuales para los haberes reajustados, según proyecciones privadas.

Por eso el caso concentra la atención del Gobierno. El presidente Mauricio Macri recibirá este mediodía al titular de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, y a la vicepresidenta del cuerpo, Elena Highton de Nolasco. Lo acompañarán el jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro de Justicia, Germán Garavano.

En el Palacio de Hacienda relativizan el impacto directo de una sentencia en contra del Estado. Sostienen que la aplicabilidad no sería automática ni inmediata. Aunque los supremos intentan dar signos de una Justicia más ágil. El fin de semana, el juez Horacio Rosatti pidió “celeridad” a los jueces, al exponer en el Primer Congreso Patagónico de Constitución y Derechos Humanos. El encuentro se centró en el rol de los jueces. “Hay una demanda social muy fuerte en torno a la necesidad de una Justicia que actúe con celeridad”, dijo el magistrado.

Es un misterio cómo votará cada juez de la Corte en este caso tan sensible. Aunque las versiones coinciden en que Rosenkrantz y Highton apoyarían a la ANSES. Horacio Lorenzetti y Carlos Maqueda ratificarían la aplicación de Isbic, como hicieron en fallos anteriores. En este escenario, la resolución no luce sencilla para el Gobierno.

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